James Boasberg, juez del Tribunal de Distrito de Columbia, dio un nuevo golpe a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, al emitir un mandamiento judicial preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detener arbitraria e indefinidamente a los solicitantes de asilo.
De acuerdo a medios internacionales, James Boasberg indicó que la Administración Trump debe considerar de forma individual si los inmigrantes que llegan a Estados Unidos representan un riesgo de fuga o un peligro para su comunidad.
Esta orden surge de una demanda colectiva presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de solicitantes de asilo a quienes se les denegó la libertad condicional a pesar de que funcionarios de Inmigración y Aduanas (ICE) encontraron que tenían un reclamo creíble de persecución en sus países de origen, el cual es el primer paso para obtener el estado de asilo.
La ACLU argumentó que el DHS violó su propia directiva de libertad condicional, la ley de inmigración y la Constitución en un esfuerzo por disuadir a otros solicitantes de asilo de venir al país.
En la demanda, los defensores de derechos civiles argumentaron que las autoridades migratorias habían creado una política general de detención de solicitantes de asilo en las oficinas de ICE en Detroit; El Paso, Texas; Los Angeles; Newark, Nueva Jersey, y Filadelfia.
