EL juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, Agustín Tello Espíndola, le dio entrada al trámite del amparo que presentó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) contra la falta de acción del Gobierno Federal y de las autoridades estatales de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero para frenar los bloqueos de la CNTE.
El inicio de este proceso se traducirá en el emplazamiento al Ejecutivo Federal, particularmente al Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y a los gobiernos estatales, para que se defiendan de los señalamientos empresariales y expliquen el porqué de su falta de acción, en los términos requeridos por el organismo patronal.
Dichos informes deberán entregarse dos semanas después de que sean notificados de tal requerimiento.
Sin embargo, el juzgador aclaró que dictará sentencia hasta finales del próximo mes y estableció para dentro de 46 días -el 20 de septiembre- la audiencia constitucional del juicio.
Lo cual significa que Tello Espíndola tomará una definición después de que dé inicio el siguiente ciclo escolar 2016-2017. Mientras tanto, el reclamo de los empresarios seguirá sin desahogarse.
Tello Espíndola recordó en el documento que si dichas autoridades no entregan esa justificación, “se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo”.
El juez advirtió, además, que en caso de que la documentación solicitada a las autoridades “contenga información clasificada como confidencial o reservada”, deberán informárselo, a fin de que se analice la situación.
